CONTEXTO SOCIALHISTORIA
Historia de las políticas sociales en la APN
En las primeras décadas del siglo XX, la creación de los primeros parques nacionales estuvo vinculada a objetivos geopolíticos, de consolidación de la soberanía nacional y de impulso para el poblamiento y el desarrollo regional. Desde la perspectiva de la reafirmación y la consolidación del Estado-Nación, se promovió un modelo de áreas protegidas “sin gente”.
Así, los derechos de los diversos pueblos originarios que ocupaban los territorios de las áreas protegidas, preexistentes a la conformación del Estado-Nación, no fueron reconocidos, suscitando su desplazamiento y expulsión.
Por otra parte, en las primeras décadas del siglo XX, con la expansión del Estado-Nación se iniciaron procesos de colonización produciéndose el asentamiento de colonos en tierras fiscales bajo la órbita de la Dirección Nacional de Tierras y Colonias. La Administración de Parques Nacionales (APN) legitimó la ocupación a través del otorgamiento de Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje (PPOP), que concedían la tenencia de una superficie de tierra en carácter precario sujeto a una serie de condiciones que regulaban las actividades ganaderas y agrícolas. Enmarcados en este mismo proceso existían además aquellos colonos que habían accedido a la propiedad de la tierra, transformándose, a diferencia de los permisionarios, en propietarios privados.
En relación al desarrollo local y regional, las unidades de conservación actuaron como dinamizadoras de nuevos centros urbanos(1), que también se convirtieron, en la mayoría de los casos, en escenario de conflictos de intereses –implícitos o explícitos- con vecinos, pueblos originarios y con otros actores locales.
En síntesis, de sde que se estructuró el sistema de Parques Nacionales se generaron distintas situaciones vinculadas a la regularización de la tierra y al uso de los recursos disponibles utilizados por pobladores y comunidades locales. L as líneas políticas institucionales fueron variando a través del tiempo de acuerdo a las tendencias en materia de conservación a nivel mundial y al contexto nacional en que se encontraban insertos los territorios que administra o coadministra .
Hasta comienzos de los años 70 la idea de conservación hegemónica consideró prioritaria la protección de muestras “ prístinas” de naturaleza bajo el concepto de incompatibilidad con las actividades humanas, poniendo el é nfasis en las tareas de investigación y educación ambiental. Así, en muchas áreas protegidas que se fueron creando (por ejemplo en el PN Chaco y el PN. Río Pilcomayo) se cumplió con la misión de expulsar a los pobladores que se encontraban viviendo dentro del área protegida.
La crisis de sostenibilidad ambiental producida por el modelo de desarrollo a nivel mundial, promueve en la década de los ‘80 nuevas corrientes de opinión referentes a la gestión ambiental. El concepto de desarrollo sustentable junto al de conservación comienzan a ser aspectos de una misma problemática. Esta concepción asume en el trazado de políticas de conservación, que la sustentabilidad debe ser incorporada para mejorar la planificación ambiental y la distribución más equitativa de los recursos disponibles.
Diversos estudios señalaban evidencias ciertas de que los parques y las reservas – incluso las más grandes - estaban experimentando un proceso creciente de deterioro ambiental, cuyas raíces se encontraban muchas veces en las zonas circunvecinas en las que se asentaban comunidades rurales y urbanas y con las cuales las instituciones de conservación no tenían trazado un trabajo común.
Durante los últimos años de la dictadura, se aprueba la ley 22.351 de Parques Nacionales la cual reafirma, contrario a las corrientes internacionales del momento, una separación entre conservación y desarrollo. La llegada de la democracia, aunque instaura a la APN dentro de ese marco legal, impulsa la apertura formal de la participación ciudadana en algunos ámbitos de gestión estatal. En el año 1985 se aprueba la resolución que crea las Comisiones Asesoras Locales.

Los vecinos que habitaban dentro o en el entorno de las áreas protegidas comenzaron a considerarse actores claves, ya que los territorios administrados no podían entenderse desvinculados de las zonas que los rodean. La participación comenzó a formar parte de la política de gestión, insertándose en la toma de decisiones y teniendo en cuenta el conflicto social de la comunidad a la que está vinculado.
Las políticas en las áreas protegidas comienzan a adaptarse a esta visión más abarcadora de la relación entre la sociedad y los procesos naturales. De este modo, a nivel institucional se fueron formalizando distintos espacios permanentes de participación, que varían según el área protegida de que se trate y el objeto de la convocatoria, en donde los actores locales aportan sus miradas y conocimientos acerca del manejo del Parque Nacional, en lo concerniente a la planificación y ejecución de acciones para la conservación y el desarrollo sostenible de su zona de influencia .
En la actualidad existen tres instancias de participación, constituidas por: la Comisión Consultiva (CC), la Comisión Asesora Local (CAL) y el Comité de Co-Manejo.
Este último constituye un lugar de trabajo común entre la APN y los pueblos originarios que se encuentran asentados dentro de un área protegida. El mismo busca ser un ámbito de respeto y reconocimiento de los legítimos derechos de las partes, una instancia política de decisión conjunta. Hasta ahora solo se cuenta con una sola experiencia de Co-Manejo en todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conformada en el Parque Nacional Lanin, junto a las siete comunidades Mapuce y a la Confederación Mapuce Neuquina. El Primer Taller sobre Territorio Indígena Protegido realizado en el año 2000, fue el resultado de varios años de trabajo de muchos compañeros de la Administración bajo un contexto institucional de relativo apoyo. Ese taller promovió formalmente, el mismo año, la creación del Co-Manejo.
Así también, dentro de la Institución se integra en la década del 90 la conservación del patrimonio cultural, práctica que reconoce la diversidad socio-cultural pasada y actual de quienes han producido ese patrimonio. O freciendo la visión integrada e indisociable de la conservación del patrimonio natural y cultural en áreas protegidas.
En el año 2001, con el Plan de Gestión Institucional de la APN, se formaliza y se cristaliza en un documento de políticas rectoras, las visiones y prácticas que se venían desarrollando en los últimos años.
De este modo, en los últimos tiempos se empezó a priorizar la necesidad de iniciar procesos tendientes al reconocimiento de derechos y regularización de la ocupación de las áreas por parte de los pobladores, conciliando los intereses socioeconómicos y las pautas culturales de todos los actores sociales, (incluida la APN), vinculándolos con los objetivos de manejo y conservación.
En la actualidad se considera que, en la conservación del ambiente, resulta tan importante la biodiversidad como la diversidad cultural en tanto ambos son componentes indisociables . En otras palabras, para conservar (usar y mantener) los diversos recursos que nos provee la vida (agua, plantas, minerales, atmósfera, etc.) resulta de importancia vital la diversidad de formas en que los hombres se relacionan con el ambiente, en tanto éstas constituyen "recursos" de valor(2).
Las experiencias adquiridas en base a la heterogeneidad social en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación, constituyen la base para la construcción de políticas públicas, basadas en la generación de un “sentido ambiental común” y sustentadas en la comprensión de la diversas problemáticas de pobladores y comunidades dentro de las áreas protegidas y su entorno, asumiendo la diversidad de intereses y experiencias territoriales propios de cada lugar.

(1)San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú, entre otros.
(2)Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales, 2001